Una noticia positiva llega desde la Administración Pública, en este caso la Junta de Andalucía. Propio nuestra administración autonómica prevé adquirir 200 viviendas hasta el 2020 para evitar el desahucio de familias de las clases sociales más desfavorecidas. Una vez adquirida la vivienda, la Junta solo pedirá a las familias abonar mensualmente un alquiler social.
Esto es así gracias a que pasado martes 11 de abril se ha aprobado el anteproyecto de Ley por el que se establece el derecho de tanteo y retracto en desahucio de viviendas que ejercerá la misma administración pública.
Sobre el derecho de tanteo y retracto:
La Junta de Andalucía podrá por lo tanto ejercer la adquisición preferente de la vivienda en el momento que esté iniciado el proceso de desahucio (derecho de tanteo) así como cuando el desahucio esté ya ejecutado (derecho de retracto).
El consejero de Fomento y Vivienda, Felipe López, ha precisado que el proyecto cuenta con una aportación económica de 4 millones de euros. Alega además que la tramitación empezará de forma inmediata, con la esperanza de que la ley se pueda aprobar en seis-ocho meses.
Desde la Junta se pide más sensibilidad al Gobierno de la Nación, aunque el consejero ya ha confirmado que no existe ninguna peligro de que se pueda modificar ningún apartado de la ley elaborada por la Junta de Andalucía. López recuerda como el PP nunca ha demostrado especial sensibilidad por el problema de los desahucios. Aún así, añade, sobre esta nueva ley nada podrá cambiar con respecto a lo que se está tramitando.
No se trata de una norma aislada, sino de una medida comprendida en un paquete de acciones orientadas a la protección de las familias frente a los desahucios.
Esta nueva norma modificará la Ley 12/2005 de Medidas para la Vivienda Protegida y el Suelo para reforzar la protección de los adjudicatarios de viviendas mediante la ampliación de los supuestos sancionadores.
Se castigará muy duramente a los promotores y particulares que mantengan vacía una vivienda de V.P.O. por más de 3 meses sin causas justificadas con multas de hasta 120.000 euros.
La situación actual andaluza según el Consejero de Viviendas:
Felipe López considera que con esta ley, que completa el marco normativo de la lucha contra los desahucios en Andalucía, nuestra autonomía “se sitúa como la región más avanzada en esa lucha”, elemento que, a su decir, muestra la sensibilidad y compromiso de la Junta en referencia a esta lacra.
Precisa además que la incidencia de desahucios en nuestra comunidad es de 1,19 por cada 1.000 habitantes, frente a los 1,36 de la media estatal.
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